El Gobierno Nacional está empeñado en promocionar la inversión privada como un medio para afianzar la reactivación económica. Sin embargo, hay ciertos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), que, irresponsablemente, están empeñados en lo contrario al promover cobros ilegales por concepto de patentes, impuesto al 1.5 por mil y tasas creadas mediante ordenanzas, abusando de la capacidad coactiva que les confiere la Ley.
“Hay ciertos municipios que vienen ordenando a discreción embargos en las cuentas corrientes de distintas empresas, sin haber notificado debidamente títulos de crédito ni citado autos de pago a la parte procesada, a fin de que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa, vulnerando el derecho constitucional al debido proceso y de seguridad jurídica”, aseguró Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) hoy en rueda de prensa.
Uno de los casos se da en el Municipio de Esmeraldas, en donde se ha dispuesto dichos embargos a las empresas: CORPETROL S.A., EXXONMOBIL Ecuador Cia Ltda., LUTEXSA Industrial Comercial, DURAGAS S.A., TERPEL-Comercial Ecuador S.A., VEPAMIL S.A., ENI Ecuador S.A., y Petróleos y Servicios PSY C.A. , que sumados a uno adicional en el cantón Atacames, ascienden a USD 7,1 millones. Una última empresa afectada fue La Llave S.A. que reportó otro por pago de USD 450 000 .
Lo mismo sucedió con el GAD de Quinindé que ha emitido títulos de valor por un monto de más de USD 5 millones en perjuicio de ARCA Continental SAB de CV, La Fabril S.A, Petróleos y Servicios PYS C.A., Petrolríos S.A., y Tecniequipos S.A.
En cuanto a DIRECTV Ecuador, los municipios de Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde, Atacames, Quinindé, Muisne y Esmeraldas, a más de Naranjal, en Guayas, han procedido a embargos arbitrarios por USD 8,7 millones. Lo paradójico es que se procede a tales cobros, sin que las empresas tengan su domicilio o actividad comercial registrada en dichos cantones.
Ante la impugnación respectiva, en la gran mayoría de expedientes, los jueces competentes han fallado a favor de los afectados, sin embargo, los municipios no cumplen con la orden judicial de devolver los valores embargados.
“Este escenario de inseguridad jurídica se amplía, al incluir a las operadoras de telefonía móvil CONECEL S.A. (Claro) y OTECEL S.A. (Movistar), que han sido perjudicadas en los últimos años por cobros, igualmente arbitrarios e ilegales, derivados de ordenanzas en una treintena de municipios, de las diferentes regiones del país, que asimilaron sesgadamente el concepto de uso de espacio aéreo por uso del espectro radioeléctrico, que es competencia constitucional inequívoca del Gobierno central”, acotó Alarcón.
Más aún, resulta que de una veintena de fallos de la Corte Constitucional que se remontan a más tres años, todavía hay 17 municipios que se resisten a reformar sus respectivas ordenanzas, situación que bien podría derivar en la destitución de sus alcaldes.
Ante la situación expuesta, el Comité Empresarial Ecuatoriano apela al Gobierno Central, a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Procuraduría y a la Contraloría, cuya obligación es fiscalizar el destino de los recursos embargados, para que pongan orden en este abuso, que afecta principios de seguridad jurídica y, asimismo, la imagen del país que busca promover la inversión nacional y extranjera.